El Roedor

Jottin Cury hijo

El distinguido jurista Jottin Cury hijo, catedrático universitario, presidente de la Academia de Derecho, abogado de gran formación jurídica y ética, comenta nuestro artículo sobre el Código Procesal Penal impuesto en el país desde septiembre 2004.

Aquí les van sus consideraciones:

“Distinguido amigo:
Siempre sigo con interés su columna del Listín Diario por sus enjundiosos análisis sobre la realidad nacional. He observado que es usted un periodista bien informado y mejor intencionado en lo que toca a nuestro común destino. Estoy totalmente de acuerdo con sus juicios sobre el nuevo Código Procesal Penal, el cual ha servido únicamente para estimular la delincuencia que azota a nuestro país.

Desde antes de su puesta en vigencia, he criticado duramente este nuevo instrumento legal en razón de que era previsible todo lo que está ocurriendo entre nosotros. Si bien es verdad que nuestro antiguo Código de Procedimiento Criminal debía ser objeto de profundas modificaciones, no menos cierto es que jamás se debió suplantar por otro que no se adapta a nuestra cultura jurídica.

El Código de Procedimiento Criminal que adoptamos formalmente en 1884 era una copia del Código de Instrucción Criminal francés del 1808, pero a diferencia de éste último nosotros no asimilamos la institución del jurado. Luego, en el 2002, un grupo de innovadores de nuevo cuño que cuentan con la bendición de importantes funcionarios judiciales y gubernamentales, se dedicaron a la tarea de copiar casi íntegramente el Código Procesal Penal de Costa Rica, el cual está inspirado en un código procesal iberoamericano que a su vez tiene su origen en el Código Procesal Penal de Córdova (Argentina) de 1939.

Esta legislación es extremadamente garantista y no encaja ni a empujones en nuestro ordenamiento legislativo, que como se sabe es de origen francés. Siempre he sostenido que debemos dejar sin efecto este código para volver a reencontrarnos con nuestras raíces y así tratar de engarzar con las modificaciones correspondientes que se han operado en el país cuya legislación hemos adoptado. Claro, siguiendo siempre nuestra propia orientación, esto es, tratando de crear un derecho dominicano pero sin abandonar la orientación francesa.

Actualmente no contamos con la autoridad de la Corte de Casación francesa y cada juez interpreta la nueva normativa como le da la gana. Es decir, al no tener ningún punto de referencia doctrinal ni jurisprudencial nos hemos encaminado por los senderos del caos. El caso de Sobeida, al igual que muchos otros, constituye la mejor prueba de lo que estoy apuntando.

Lo felicito por sus valiosos aportes a la sociedad dominicana, que tanto necesita de buenos orientadores como usted.

Con distinción,

Jottin Cury hijo

14-11-2009”.-

Haití y los ‘extremistas’
Ahora sucede que los que levantamos voz por la invasión pacífica de los haitianos que amenaza con desnaturalizar la esencia del pueblo dominicano con costumbres, lengua, religión, idiosincrasia  y cultura distintas, somos  ‘extremistas’ a los que hay que ‘controlar’ según el senador haitiano Youry Latortue.

Hay puntos en que estamos de acuerdo: que donde haya dos o más países con niveles de desarrollo distintos, los habitantes del país más desventurado migran hacia vecino en busca de  mejores  niveles de vida; que los derechos humanos deben ser respetados porque son inherentes y esenciales a la naturaleza “humana” y, por tanto, tienen un rango que no puede ser  coactado por lo jurídico o lo político; que no se pueden inducir  masacres o genocidios como ‘El Corte’ de Trujillo en 1937 (4 mil haitianos asesinados, según Bernardo Vega); y que, sin importar lo que diga la oligarquía haitiana y los racistas “ano rojo” (que viven de la explotación y la miseria del pueblo haitiano), el país que más ayuda con la más alta carga social a Haití, es  República Dominicana, y por ello y sin reparar en el  costo político, no puede elaborar una política de migración obviando esta última premisa, como tampoco renunciar a su sagrado derecho de soberanía; vale decir, el derecho a decidir quién o no  se queda en nuestro territorio.

Las presiones, las extorsiones (sean de las ONG financiadas desde Norteamérica o Europa, sean ejercidas directamente por Canadá, Francia, Gran Bretaña, Bélgica o EEUU, etc.; o sean de agitadores profesionales, medios de comunicación o el propio gobierno haitiano), son inaceptables y la irresolución de las políticas de los gobiernos criollos, es la responsable de que nuestro país sufra la erosión, la insolencia de esos discursos y la existencia de mafias de carbón, narcóticos, robos, que explotan el mercado binacional, de tráfico de inmigrantes y armas, trata de blancas y otras que incluyen hasta el sicariato.

Derechos inalienables
Ni Clinton, ni Carter, ningún Kennedy, ni Obama, pueden v trazarnos política en ese sentido porque EEUU expulsa  un millón de extranjeros al año que violan sus leyes o que  ingresan a su territorio sin el permiso correspondiente. Ya lo hemos reiterado: la única Constitución del mundo que tiene el concepto “tránsito” es la nuestra: El artículo 11 debe decir: “Es dominicano todo hijo de dominicano sin importar dónde nazca al menos que renuncie voluntariamente a la nacionalidad”. ¡Más nada!

¿Y cómo podemos aceptar que un senador haitiano ‘elegido’ con el 5% de los votos, venga a pedirles a nuestro gobierno y a  sus sargentos políticos del patio que declaren ‘extremistas’ a los defensores de los intereses inalienables consagrados por los fundadores de nuestra nacionalidad? ¿Qué dominicano opinó cuando Haití despidió a dos primeros ministros en año y medio?